Informe sobre la pobreza en España febrero 2020

El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston,visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020 en representación del Consejo de Derechos Humanos
En su informe sobre la pobreza en España afirma:

La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado
principalmente al estrato más rico de la sociedad
y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza.
Como consecuencia de ello sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy
insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas. Resulta más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan.

Referencia Consejo de Derechos Humanos de NN.UU. 6 de julio de 2020

Análisis de Ateneo 2030

La visita del relator de Naciones Unidas se efectuó justo antes de decretarse el Estado de Alarma que tuvo al país paralizado durante tres meses y que tuvo un impacto considerable en los sectore de menor renta de la población empeorando sus precarias condicines de vida.

El nuevo gobierno formado en enero de 2020 fue sensible a la situación y adoptó medidas de apoyo para estos sectores del tipo de retrasos en el pago de alquileres, sus pensión de desahucios, concesión de subsidios de paro, prohibición del corte de suministros básicos de agua , luz y gas y, la más importante de todas: el establecimiento de un ingreso mínimo vital (IMV) para todos aquellos que no tengan ninguna renta o estas sean muy precarias.

El efecto de estas medidas se verá en los próximos meses pero es imprescindible que muchas de ellas no sean meramente coyunturales sino que se mantengan con carácter permanente como ya sucede con el IMV.

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